NORA ESTRADA

LATINO IN / LOS ÁNGELES

Con la llegada del 2018 entró en vigor la Ley SB-54 que convierte a California en el primer estado que se autodenomina como Santuario, y amplía la protección para los inmigrantes que no tienen papeles al limitar la cooperación de la Policía local con las autoridades federales de Inmigración.

El 5 de octubre, el Gobernador Jerry Brown firmó la ley justo el día del fin del DACA.

La terminación del programa DACA afecta a unos 800 mil jóvenes que llegaron de forma ilegal cuando eran niños, ya que volverán a la lista de indocumentados tras cinco años de alivio migratorio.

Bajo la nueva legislación de California, también conocida como “Acta de Valores”, la Policía local no podrá indagar a personas sobre su estatus migratorio, ni podrá participar en acciones contra la inmigración ilegal.

Se calcula que en California viven alrededor de 2 millones 300 mil inmigrantes indocumentados.

California es el segundo estado en firmar una ley que limita la colaboración de las autoridades locales con los agentes de ICE después de que el Gobernador de Illinois firmó el mes pasado la Ley Trust Act o “Ley Confianza”, que prohibirá que las autoridades en ese estado retengan a las personas para fines de inmigración, sin órdenes judiciales.

El “Acta de Valores” pretende prevenir el uso de recursos públicos, estatales y locales en tareas que competen al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), como una respuesta de los legisladores de California ante el endurecimiento de las políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump contra los indocumentados.

Los policías y agentes del sheriff, incluyendo a los que laboran en las cárceles, podrán seguir trabajando con las autoridades federales de Inmigración si es que una persona ha sido hallada culpable de alguno de unos 800 delitos, mayormente delitos graves y delitos menores que pueden ser aplicados como delitos graves, pero ellos no podrán entregar inmigrantes a las autoridades federales, si es que sólo tienen delitos menores en su historial delictivo.

Los cambios con la nueva ley Santuario

• A partir del 1 de enero, los alguaciles, que manejan las cárceles de California, así como las otras agencias de la ley como las Policías municipales, no podrán transferir automáticamente a los inmigrantes bajo su custodia que sean requeridos por ICE, a menos que estos hayan cometido una serie de delitos graves especificados por la ley.

• Bajo la nueva ley, las cárceles locales no podrán informar a ICE del día en que planean liberar a estos inmigrantes, como lo han hecho hasta ahora.

• La ley no protege a inmigrantes que sean convictos de una lista de delitos -bastante extensa- que la ley considera graves.

• La SB54 no impide que la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) haga sus labores en California, pero prohíbe que se usen recursos estatales o locales en tareas de inmigración y no permite que agencias locales de la ley entren en contratos 287g con el Gobierno federal para tareas migratorias.

• Establece además que los lugares “sensibles”, como escuelas, bibliotecas, hospitales y refugios, tienen prohibido colaborar con ICE en el arresto de inmigrantes, especialmente cuando no existe una orden judicial firmada por un juez.

• La Policía y el sheriff no podrán pedir el estatus de las personas o arrestarlas para fines únicamente migratorios. La ley no impide que la Policía le tome las huellas digitales a un residente de California, arrestado por un delito penal, y comparta esta información con las agencias federales.

• La ley también pone severos límites a la comunicación entre las agencias locales y las autoridades de Inmigración, como que la agencia o cárcel local no podrá notificar a ICE de la fecha de liberación de un detenido, a menos que éste sea convicto de un delito grave y/o violento.

• Las cárceles locales no tendrán permitido otorgar espacios de oficina a agentes de ICE para que revisen las listas de detenidos y pongan “detainers” preventivos sobre inmigrantes.

• Se prohíben los acuerdos 287g que crean contratos entre agencias del sheriff, que manejan las cárceles condales y la agencia federal ICE, para que los primeros asistan en identificar y transferir inmigrantes indocumentados para su deportación.